“Vamos por todos ellos, no solo los explotadores sexuales, también por aquellos que demandan tener sexo y por toda la cadena que se está enriqueciendo con este delito”, fue la consigna que de manera enfática, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco expresó frente al flagelo de explotación sexual y trata de personas que afecta a niños, niñas y adolescentes del país.

Le puede interesar: El juicio al expresidente Uribe y la historia de un proceso judicial que inició en 2012

En la mesa de seguimiento convocada por el Ministerio Público en Medellín, con entidades de orden nacional y territorial para abordar el tema de la trata de personas con fines de explotación sexual, Cabello Blanco recalcó en que las autoridades e instituciones deben desplegar acciones no solo por los casos de extranjeros que visitan el país con fines de prostitución y explotación sexual, sino que la lupa debe estar en todos los sujetos pasivos que participan en el movimiento interno de menores de edad, quienes son movilizados de unas ciudades a otras por mafias y grupos criminales.

Igualmente, según lo referido por la jefe del Ministerio Público, en el periodo comprendido entre el 2023 y 2024 ingresaron al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- 18.507 niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, de los cuales 331 casos fueron por explotación sexual, un fenómeno que es mucho más inquietante por el subregistro significativo de cifras sobre trata de personas: “Hay subregistro o estamos cambiando la modalidad del delito, de pronto por acceso carnal por abuso sexual y otras orientaciones fácticas que dan unos delitos distintos al propio de explotación sexual”, expresó.

También, la Procuradora señaló que este fenómeno delictivo, suele implicar el engaño y la coerción de las víctimas, quienes son convencidas de que la explotación sexual es su única salida y en la que en la mayoría de los casos, estas redes organizadas son hábiles en ocultar sus actividades ilegales, lo que dificulta la detección y el registro preciso de casos.

Lea además: Gobierno instalará PMU para garantizar que las EPS presten sus servicios

Así mismo, hizo un llamado a la institucionalidad y a las autoridades ya que, si bien existen las normas constitucionales y legales, así como las comisiones y organizaciones para combatir el flagelo de la trata de personas y explotación sexual, su aplicación no esta siendo suficiente ni dando los resultados esperados en prevención atención y judicialización frente a los explotadores y a toda la cadena que genera el delito.

“¿Qué están pasando con la violencia institucional? ¿por qué las autoridades no están dando resultados suficientes para que el delito deje de existir?”, enfatizó.

Finalmente, la jefe del Ministerio Público recalcó en que es fundamental establecer medidas de prevención, identificación temprana y protección de las víctimas, así como perseguir y sancionar a los responsables de este delito atroz quienes se aprovechan en muchos casos de las necesidades económicas, la condición migratoria irregular, antecedentes de conflictos familiares, como mecanismo de sometimiento con el tratante.

*Con información de Procuraduría General de la Nación